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Depois de enviar no início de maio uma carta a Lula expressando de apoio e afeto, o Papa Francisco fez um contundente pronunciamento contra a prática do lawfare, que está na base da Operação Lava Jato, ao falar a juristas de toda a América nesta terça-feira (4): “O lawfare, além de colocar a democracia dos países em sério risco, é utilizado para minar os processos políticos emergentes e incentivar a violação sistemática dos direitos sociais”
Brasil247 – Depois de enviar no início de maio uma carta a Lula expressando de apoio e afeto, o Papa Francisco fez um contundente pronunciamento contra a prática do lawfare, que está na base da Operação Lava Jato, ao falar a juristas de toda a América nesta terça-feira (4): “O lawfare, além de colocar a democracia dos países em sério risco, é utilizado para minar os processos políticos emergentes e incentivar a violação sistemática dos direitos sociais”. Para Francisco, é preciso “neutralizar” operações que, como a Lava Jato, são uma “nova forma de intervenção externa nos cenários políticos dos países” em “em combinação com operações midiáticas paralelas”.
O Papa discursou na Cúpula de Juízes Panamericanos sobre Direitos Sociais e Doutrina Franciscana, em Roma.
Leia o trecho em que o Papa ataca o lawfare: “Aproveito esta oportunidade para manifestar a minha preocupação com uma nova forma de intervenção externa nos cenários políticos dos países, através do uso indevido de procedimentos legais e tipificações judiciais. O lawfare, além de colocar a democracia dos países em sério risco, é utilizado para minar os processos políticos emergentes e incentivar a violação sistemática dos direitos sociais. A fim de garantir a qualidade institucional dos Estados, é fundamental detectar e neutralizar este tipo de prática que resulta de uma atividade judicial imprópria em combinação com operações midiáticas paralelas. E todos estamos familiarizados com o julgamento antecipado pela mídia. (…)”
A íntegra do discurso está a seguir, em espanhol:
Señoras y señores, es motivo de alegría y también de esperanza encontrarlos en esta Cumbre donde se han dado una cita que no se limita solamente a ustedes, sino que evoca la labor que realizan mancomunadamente con abogados, asesores, fiscales, defensores, funcionarios, y evoca también a vuestros pueblos con el deseo y la búsqueda sincera para garantizar que la justicia, y especialmente la justicia social, pueda llegar a todos. Vuestra misión, noble y pesada, pide consagrarse al servicio de la justicia y del bien común con el llamado constante a que los derechos de las personas y especialmente de los más vulnerables sean respetados y garantizados. De esta manera, ustedes ayudan a que los Estados no renuncien a su más excelsa y primaria función: hacerse cargo del bien común de su pueblo. «La experiencia enseña que —señalaba Juan XXIII— cuando falta una acción apropiada de los poderes públicos en lo económico, lo político o lo cultural, se produce entre los ciudadanos, sobre todo en nuestra época, un mayor número de desigualdades en sectores cada vez más amplios, resultando así que los derechos y deberes de la persona humana carecen de toda eficacia práctica» (Carta enc. Pacem in terris, 63).
Celebro esta iniciativa de reunirse, así como la realizada el año pasado en la ciudad de Buenos Aires, en la que más de 300 magistrados y funcionarios judiciales deliberaron sobre los Derechos sociales a la luz de Evangelii gaudium, Laudato si’ y el discurso a los Movimientos Populares en Santa Cruz de la Sierra. De allí salió un conjunto interesante de vectores para el desarrollo de la misión que tienen en manos. Esto nos recuerda la importancia y, por qué no, la necesidad de encontrarse para afrontar los problemas de fondo que vuestras sociedades están atravesando y, como sabemos, no pueden ser resueltos simplemente por acciones aisladas o actos voluntarios de una persona o de un país, sino que reclama la generación de una nueva atmósfera; es decir, una cultura marcada por liderazgos compartidos y valientes que sepan involucrar a otras personas y otros grupos hasta que fructifiquen en importantes acontecimientos históricos (cf. Exhort. apost. Evangelii gaudium, 223) capaces de abrir caminos a las generaciones actuales, y también a las futuras, sembrando condiciones para superar las dinámicas de exclusión y segregación de modo que la inequidad no tenga la última palabra (cf. Carta enc. Laudato si’, 53.164). Nuestros pueblos reclaman este tipo de iniciativas que ayuden a dejar todo tipo de actitud pasiva o espectadora como si la historia presente y futura tuviera que ser determinada y contada por otros.
Nos toca vivir una etapa histórica de cambios en donde se pone en juego el alma de nuestros pueblos. Un tiempo de crisis ―crisis: el carácter chino, riesgos, peligros y oportunidades; es ambivalente, muy sabio esto― tiempo de crisis en la que se verifica una paradoja: por un lado, un fenomenal desarrollo normativo, por otro un deterioro en el goce efectivo de los derechos consagrados globalmente. Es como inicio de los nominalismos, siempre empiezan así. Es más, cada vez, y con mayor frecuencia, las sociedades adoptan formas anómicas de hecho, sobre todo en relación a las leyes que regulan los Derechos sociales, y lo hacen con diversos argumentos. Esta anomia está fundamentada por ejemplo en carencias presupuestarias, imposibilidad de generalizar beneficios o el carácter programático más que operativo de los mismos. Me preocupa constatar que se levantan voces, especialmente de algunos “doctrinarios”, que tratan de “explicar” que los Derechos sociales ya son “viejos”, están pasados de moda y no tienen nada que aportar a nuestras sociedades. De este modo confirman políticas económicas y sociales que llevan a nuestros pueblos a la aceptación y justificación de la desigualdad y de la indignidad. La injusticia y la falta de oportunidades tangibles y concretas detrás de tanto análisis incapaz de ponerse en los pies del otro —y digo pies, no zapatos, porque en muchos casos esas personas no tienen—, es también una forma de generar violencia: silenciosa, pero violencia al fin. La normatividad excesiva, nominalista, independentista, desemboca siempre en violencia.
«Hoy vivimos en inmensas ciudades que se muestran modernas, orgullosas y hasta vanidosas. Ciudades —orgullosas de su revolución tecnológica y digital— que ofrecen innumerables placeres y bienestar para una minoría feliz… pero se les niega el techo a miles de vecinos y hermanos nuestros, incluso niños, y se los llama, elegantemente, “personas en situación de calle”. Es curioso como en el mundo de las injusticias, abundan los eufemismos» (Encuentro Mundial de Movimientos Populares, 28 octubre 2014). Pareciera que las Garantías Constitucionales y los Tratados internacionales ratificados, en la práctica, no tienen valor universal.
La “injusticia social naturalizada” ―o sea como algo natural― y, por tanto, invisibilizada que sólo recordamos o reconocemos cuando “algunos hacen ruido en las calles” y son rápidamente catalogados como peligrosos o molestos, termina por silenciar una historia de postergaciones y olvidos. Permítanme decirlo, esto es uno de los grandes obstáculos que encuentra el pacto social y que debilita el sistema democrático. Un sistema político-económico, para su sano desarrollo, necesita garantizar que la democracia no sea sólo nominal, sino que pueda verse plasmada en acciones concretas que velen por la dignidad de todos sus habitantes bajo la lógica del bien común, en un llamado a la solidaridad y una opción preferencial por los pobres (cf. Carta enc. Laudato si’, 158). Esto exige los esfuerzos de las máximas autoridades, y por cierto del poder judicial, para reducir la distancia entre el reconocimiento jurídico y la práctica del mismo. No hay democracia con hambre, ni desarrollo con pobreza, ni justicia en la inequidad.
Cuántas veces la igualdad nominal de muchas de nuestras declaraciones y acciones no hace más que esconder y reproducir una desigualdad real y subyacente y devela que se está ante un posible orden ficcional. La economía de los papeles, la democracia adjetiva, y la multimedia concentrada generan una burbuja que condiciona todas las miradas y opciones desde el amanecer hasta la puesta del sol[1]. Orden ficcional que iguala en su virtualidad pero que, en lo concreto, amplía y aumenta la lógica y las estructuras de la exclusión-expulsión porque impide un contacto y compromiso real con el otro. Impide lo concreto, o hacerse cargo de lo concreto.
No todos parten del mismo lugar a la hora de pensar el orden social. Esto nos cuestiona y nos exige pensar nuevos caminos para que la igualdad ante la ley no degenere en la propensión de la injusticia. En un mundo de virtualidades, cambios y fragmentación ―estamos en la época de lo virtual―, los Derechos sociales no pueden ser solamente exhortativos o apelativos nominales, sino que han de ser faro y brújula para el camino porque «la salud de las instituciones de una sociedad tiene consecuencias en el ambiente y en la calidad de vida humana» (Carta enc. Laudato si’, 142).
Se nos pide lucidez de diagnóstico y capacidad de decisión ante el conflicto, se nos pide no dejarnos dominar por la inercia o por una actitud estéril como quienes lo miran, lo niegan o lo anulan y siguen adelante como si nada pasara, se lavan las manos para poder continuar con sus vidas. Otros entran de tal manera en el conflicto que quedan prisioneros, pierden horizontes y proyectan en las instituciones las propias confusiones e insatisfacciones. La invitación es mirar de frente el conflicto, sufrirlo y resolverlo transformándolo en el eslabón de un nuevo proceso (cf. Exhort. apost. Evangelii gaudium, 227).
Asumiendo el conflicto queda claro que nuestro compromiso es con nuestros hermanos para darle operatividad a los Derechos sociales con el compromiso de buscar desarticular todos los argumentos que atenten contra su concreción, y esto por medio de la aplicación o creación de una legislación capaz de alzar a las personas en el reconocimiento de su dignidad. Los vacíos legales, tanto de una legislación adecuada como de la accesibilidad y el cumplimiento de la misma, ponen en marcha círculos viciosos que privan a las personas y a las familias de las necesarias garantías para su desarrollo y su bienestar. Estos vacíos son generadores de corrupción que encuentran en el pobre y en el ambiente los primeros y principales afectados.
Sabemos que el derecho no es solamente la ley o las normas, sino también una praxis que configura los vínculos, lo cual los transforma, en cierto modo, en “hacedores” del derecho cada vez que se confrontan con las personas y la realidad. Y esto invita a movilizar toda la imaginación jurídica a fin de repensar las instituciones y hacer frente a las nuevas realidades sociales que se están viviendo[2]. Es muy importante, en este sentido, que las personas que lleguen a los escritorios de ustedes y a sus mesas de trabajo sientan que ustedes han llegado antes a ellos, que ustedes han llegado primero, que ustedes los conocen y los comprenden en su situación particular, pero especialmente reconociéndolos en su plena ciudadanía y en su potencial ser agentes de cambio y transformación. No perdamos nunca de vista que los sectores populares no son en primer lugar un problema sino parte activa del rostro de nuestras comunidades y naciones, ellos tienen todo el derecho a la participación en la búsqueda y construcción de soluciones inclusivas. «El marco político e institucional no existe sólo para evitar malas prácticas, sino también para alentar mejores prácticas, para estimular la creatividad que busca nuevos caminos, para facilitar las iniciativas personales y colectivas» (Carta enc. Laudato si’, 177).
Es importante estimular que, desde el inicio de la formación profesional, los operadores jurídicos puedan hacerlo en contacto real con las realidades a las que un día servirán, conociéndolas de primera mano y comprendiendo las injusticias por las que un día tendrán que actuar. También es necesario buscar todos los medios y mecanismos para que los jóvenes provenientes de situaciones de exclusión o marginación puedan llegar ellos mismos a capacitarse de manera que puedan tomar el protagonismo necesario. Mucho se ha hablado por ellos, necesitamos también escucharlos y darles voz en estos encuentros. Me viene a la memoria el leit motiv implícito de todo paternalismo jurídico-social: todo para el pueblo pero nada con el pueblo. Tales medidas nos permitirán instaurar una cultura del encuentro «porque ni los conceptos ni las ideas se aman […]. La entrega, la verdadera entrega, surge del amor a hombres y mujeres, niños y ancianos, pueblos y comunidades… rostros, rostros y nombres que llenan el corazón» (II Encuentro Mundial de los Movimientos Populares, Santa Cruz de la Sierra, 9 julio 2015).
Aprovecho esta oportunidad de reunirme con ustedes para manifestarles mi preocupación por una nueva forma de intervención exógena en los escenarios políticos de los países a través del uso indebido de procedimientos legales y tipificaciones judiciales. El lawfare, además de poner en serio riesgo la democracia de los países, generalmente es utilizado para minar los procesos políticos emergentes y propender a la violación sistemática de los Derechos sociales. Para garantizar la calidad institucional de los Estados es fundamental detectar y neutralizar este tipo de prácticas que resultan de la impropia actividad judicial en combinación con operaciones multimediáticas paralelas. Sobre esto no me detengo pero el juicio previo mediático lo conocemos todos.
Esto nos recuerda que, en no pocos casos, la defensa o priorización de los Derechos sociales sobre otros tipos de intereses, los llevará a ustedes a enfrentarse no sólo con un sistema injusto sino también con un poderoso sistema comunicacional del poder, que distorsionará frecuentemente el alcance de sus decisiones, pondrá en duda su honestidad y también su probidad, incluso pueden hacerle juicio. Es una batalla asimétrica y erosiva en la que para vencer hay que mantener no sólo la fortaleza sino también la creatividad y una adecuada elasticidad. ¡Cuántas veces los jueces y juezas se enfrentan en soledad a las murallas de la difamación y del oprobio, cuando no de la calumnia! Ciertamente, se requiere de una gran entereza para poder sobrellevarlas. «Felices los que son perseguidos por practicar la justicia, porque a ellos les pertenece el Reino de los Cielos» (Mt 5,10), decía Jesús. En este sentido, me alegra que uno de los objetivos de este encuentro sea la conformación de un Comité Permanente Panamericano de Jueces y Juezas por los Derechos sociales, que tenga entre sus objetivos superar la soledad en la magistratura, brindando apoyo y asistencia recíproca para revitalizar el ejercicio de su misión. La verdadera sabiduría no se consigue con una mera acumulación de datos ―eso es enciclopedismo― una acumulación que termina saturando y obnubilando en una especie de contaminación ambiental, sino con la reflexión, el diálogo, el encuentro generoso entre las personas, esa confrontación adulta, sana que nos hace crecer a todos (cf. Carta enc. Laudato si’, 47).
En el 2015 les decía a los integrantes de los Movimientos populares: Ustedes «tienen un rol esencial, no sólo exigiendo y reclamando, sino fundamentalmente creando. Ustedes son poetas sociales: creadores de trabajo, constructores de viviendas, productores de alimentos, sobre todo para los descartados por el mercado mundial» (II Encuentro Mundial de los Movimientos Populares, Santa Cruz de la Sierra, 9 julio 2015). Estimados magistrados: Ustedes tienen un rol esencial; permítanme que les diga que ustedes también son poetas, son poetas sociales cuando no tienen miedo «a ser protagonistas en la transformación del sistema judicial basado en el valor, en la justicia y en la primacía de la dignidad de la persona humana»[3] sobre cualquier otro tipo de interés o justificación. Quisiera terminar diciéndoles: «Felices los que tienen hambre y sed de justicia; felices los que trabajan por la paz» (Mt 5,6.9). Muchas gracias.
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[1] Cf. Roberto Andrés Gallardo, Derechos sociales y doctrina franciscana, 14.
[2] Cf. Horacio Corti, Derechos sociales y doctrina franciscana, 106.
[3] Nicolás Vargas, Derechos sociales y doctrina franciscana, 230.
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